El pasado 17 de mayo se publicó en el BOA la orden definitiva que regula el Banco de Libros del sistema educativo aragonés. Según el Departamento de Educación de la DGA, el sistema se implantará en los 436 centros públicos de Aragón, para quienes es obligatorio, además de en una quincena de centros de la red privada-concertada. En total, más de 49.000 alumnos se beneficiarán el curso que viene de esta implantación.
Desde el Colectivo de Estudiantes Progresistas nos felicitamos por la recuperación de estos sistemas en los centros públicos, que en gran medida desaparecieron tras los recortes del ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi (PP) pero, por otra parte, lamentamos que no se hayan tenido en cuenta nuestras peticiones y nos gustaría señalar los aspectos que son mejorables.
En ese sentido, desde CEPA solicitamos la no implantación de este sistema en la red de centros privados-concertados. Es incomprensible que se siga dotando de más recursos a la red privada-concertada cuando los centros públicos cuentan con grandes carencias sin resolver: hay centros que tienen una gran necesidad en cuanto a reformas y el alumnado sigue comiendo comida de una ínfima calidad en los comedores escolares. Entendemos que hay otras prioridades en el sistema público. No entendemos como este ejecutivo sigue reforzando una red sobredotada de recursos y cuyas familias suelen contar con niveles económicos superiores a las de los centros públicos.
En vez de la implantación del Banco de Libros en la red concertada, alegamos la continuidad de las ayudas de urgente necesidad para que aquellos que fueran a la esta escuela y que no pudieran afrontar el pago del material escolar. Somos conscientes de que en el sistema concertado también hay familias en situación de precariedad por lo que defendemos un sistema de becas similar al que ha estado funcionando estos años y que tiene en cuenta criterios de renta.
Por otra parte, nos gustaría recordar que es en la red concertada donde se dan los casos de segregación escolar en nuestra comunidad educativa. Según datos del Instituto Aragonés de Estadística en el curso 2016/2017 había 9.040 alumnos extranjeros en los centros públicos frente a los 1.610 de los concertados. Por cada alumno extranjero en el sistema concertado hay 5,6 en el público. Además, según un informe realizado por CGT en el año 2017, la tasa de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAEs) en la escuela pública multiplicaba por 4 a la de la escuela privada-concertada. La respuesta de la red concertada fue el diagnóstico masivo de ACNEAEs en sus propios centros en muchos casos sin informar a las familias: colegios como La Salle Montemolín pasaron de tener 4 a 51 ACNEAEs (+1.175%). En junio de 2018, el Gobierno de Aragón confirmó que, al menos, un 63% de los diagnósticos eran irregulares. Sin embargo, el ejecutivo del PSOE no aplicó ningún tipo de sanción. No nos extraña que un gobierno del PSOE actúe con servilismo frente a la red concertada, controlada casi en su totalidad por la Iglesia Católica. En nuestro país siguen vigentes los Acuerdos con la Santa Sede, pese a todas las legislaturas en las que ha gobernado el PSOE, lo que hace que la religión siga dentro de las aulas escolares.
Además, no podemos olvidar que es la escuela pública quien vertebra el territorio aragonés y la que está presente hasta en el último pueblo de nuestra comunidad. La red concertada aparece en los grandes núcleos de población en los que sí obtiene una rentabilidad por su actividad. Frente a la concepción de la educación como un negocio, no podemos más que defender el sistema público.
Más allá del tema de la red concertada, realizamos otras sugerencias a la DGA. En primer lugar, solicitamos el estudio de la viabilidad económica de la implantación de estos sistemas de bancos de libros en las FPs, pues pensamos que, con el ahorro de la no implantación de este sistema en la red concertada, podría destinarse presupuesto a la creación de bancos de libros en los estudios de FP en los que el alumnado es proveniente en su mayoría de barrios obreros. En segundo lugar, pedimos que la orden recogiera una mención expresa para que los libros de texto de religión no pudieran acogerse a este sistema, petición desestimada por la DGA. El curso que viene estaremos alerta para ver que los libros de texto de religión no entran en este banco de libros. El contenido de las asignaturas de religión va en contra del carácter científico, inclusivo y plural que ha de tener el sistema educativo.
¡Dinero público para la pública! ¡Por una educación inclusiva!